Mosconi: desaparecieron materiales de 30 módulos habitacionales

Un grupo de concejales denunció penalmente al intendente Isidro Ruarte. Los beneficiarios eran familias de comunidades wichí.  

Concejales de la ciudad de General Mosconi presentaron el 15 de abril una denuncia en la Fiscalía Penal N° 1 de Tartagal contra el intendente Isidro Ruarte por la desaparición de materiales destinados a la construcción de 30 módulos habitacionales destinados a familias en situaciones críticas pertenecientes a las comunidades del Pueblo Wichí de la ruta nacional 34.

Ana Guerrero, concejala del Frente de Todos y una de las denunciantes, informó a Salta/12 que los materiales se enviaron desde el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia los primeros días de diciembre último, “la misma Edith Cruz (por entonces ministra) me confirmó que envió 15 mil ladrillones, más chapas, hierro, cemento y todas las aberturas para esas casas”, aseguró la denunciante.

Concejales Gral Mosconi

Y fue la ex funcionaria de Asuntos Indígenas quien le envió fotografías del momento en que se descargaban todos los elementos en el municipio. Uno de los beneficiarios fue invitado a descargar los materiales, se trata de Juan Carlos Maldonado, padre de un niño con encefalopatía crónica no evolutiva.

Maldonado se acercó los primeros días de marzo a hablar con la concejala Guerrero para informarle que no sólo no se habían iniciado las obras, sino que se “habían robado todo”. Ana Guerrero presentó un pedido de informe en el Concejo Deliberante que aún espera respuesta. 

La familia de Maldonado vive en Misión El Ceibal, ubicada sobre la ruta 34 y con todas las carencias con las que viven las comunidades de la zona, sin fuentes de trabajo, en viviendas precarias y sin servicios de ningún tipo. A esto se suma el abandono del sistema de salud. Uno de sus seis hijos tiene encefalopatía, hidrocefalia y atrofia muscular.

“El niño necesita acompañamiento de salud y un botón gástrico porque no deglute. Se tiene que alimentar con una leche especial que sale 5 mil pesos y le dura dos semanas”, contó Guerra. Y agregó que la madre consigue algunas veces esa leche, pero cuando se acaba, le da otra que “le termina haciendo muy mal”.

La concejala dijo que recién después de la denuncia vinieron a buscar al niño para “hacerle un chequeo, pero el Hospital de Mosconi no tiene la complejidad necesaria y ese niño está abandonado”.

El otro de los casos es el de Avelino Obediente, de la Misión Nueva Generación. Él mismo vive con un tumor en la garganta que no se está haciendo tratar. Según sus familiares, llegaron un par de veces hasta el Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, “pero les dijeron que era una operación muy difícil, por lo que no volvieron más”, sólo estaría tomando antiinflamatorios contra el dolor.

Obediente y su familia viven también en la precariedad y el abandono y uno de sus hijos no puede caminar y se encuentra postradoHasta hace muy poco el niño se movilizaba en un triciclo de juguete. Y fue a través de una donación, y no producto de una política pública, que consiguió una silla de ruedas usada.

Las dos familias, junto a 28 más con sus propias historias de hambre, esperaban que los módulos habitacionales mejoraran en algo su calidad de vida. Pero en el camino, la corrupción se llevó lo poco que el Estado les había reconocido.

Guerrero manifestó que realizó un pedido al Ministerio de Desarrollo para que informe quiénes eran los beneficiarios de los módulos, “pero hasta aquí no contestaron nada”, por lo que se encuentra rastreando uno por uno entre las comunidades, “estoy detrás de una tercera familia que tendría un niño que quedó con secuelas de hantavirus”, relató.

En la denuncia solicitan que se tome declaración al intendente y a dos de sus asesores, uno de ellos el ex director de Asuntos Indígenas municipal, Víctor Rojas, quien, según consta en distintos comprobantes, se quedó con 4.500 ladrillones.

Para las familias damnificadas, Rojas entregó los materiales a otras personas y caciques de la zona como devolución de favores de las elecciones pasadas.

El otro funcionario municipal denunciado es el actual presidente del Concejo Deliberante local, por entonces secretario de Gobierno, Diego Alcoba, quien habría recibido el resto de los materiales.

“Tanto Rojas como Alcoba manifestaron públicamente en un medio radial local que el resto de los elementos para los módulos quedó en resguardo del municipio y fue utilizado para otros fines”, aclara la denuncia presentada en la fiscalía penal.

Guerrero reconoció que a partir de la denuncia comenzaron a construir los módulos de las dos familias más necesitadas, pero dijo que no son los mismos materiales que habían llegado. “Están poniendo otro tipo de ladrillo más ordinario, en lugar de ser de 9 agujeros para exteriores, están poniendo unos de 6 que son más finitos para interiores”.

Desde el periódico digital local Cronos confirmaron lo que anunció la concejala y agregaron que a las viviendas “ni siquiera les están haciendo los cimientos ni contrapiso, como tampoco usan vigas para ahorrar el cemento que se les echó a perder con las lluvias”.

Ana Guerrero expresó que a partir de su denuncia recibió amenazas en su contra que llegaban desde “las altas esferas municipales”. Le prometieron realizar campañas en su contra y quitarle “secretarios en el Concejo Deliberante”, y aseguró tener los audios con las amenazas. “Tengo un niño de 8 años y la verdad que meten miedo, pero si no pego el grito y pongo en conocimiento esto, nadie lo va a hacer y todo va a seguir como siempre”, sostuvo Guerrero.

Los otros dos concejales que acompañaron la denuncia fueron Dora Quiroga y Vicente Suárez, todos integrantes del Frente de Todos. 

En la denuncia también solicitaron intervención a la Asesoría de Menores en turno «para el resguardo del derecho de los menores involucrados».  

Fuente: pagina12.com.ar

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